EL CONSELL DESESTIMA LOS RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO Y LA PLATAFORMA, Y CERTIFICA LA LEGALIDAD DE LA INCINERADORA DE RESIDUOS EN L´ALCORA
16/04/2012
El director de Calidad Ambiental dice que el proceso ha sido correcto y que el consistorio no recurrió en su día. Tejedo asegura que de anularse la autorización que se dio a la planta se incurriría en un delito de prevaricación.
La Autorización Ambiental Integrada otorgada por resolución de la Dirección General para el Cambio Climático,a la empresa Reyval Ambient, SL, para una instalación de almacenamiento y tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos, se ajusta plenamente a derecho desde el punto de vista de su tramitación.
Así de contundente es la resolución de la Conselleria de Medioambiente, que basándose en los informes de los servicios jurídicos de la Generalitat ha decidido desestimar el recurso que el Ayuntamiento de l’Alcora presentó meses atrás contra la incineradora que pretende construirse en l’Alcora y que ha generado un importante movimiento de oposición a la misma.
A este respecto, el director general de Calidad Ambiental, Vicente Tejedo, asegura que “la tramitación de una autorización ambiental integrada es un procedimiento totalmente reglado y, según los informes disponibles de los servicios jurídicos, en el caso de la incineradora de l’Alcora se ha realizado de manera totalmente correcta y, por lo tanto, se han de desestimar los recursos presentados por el actual equipo de gobierno de l’Alcora”.
Y es que, según Tejedo, “lo que no podemos hacer es anular una autorización cuyo procedimiento ha sido perfectamente correcto, porque estaríamos incurriendo en un delito de prevaricación”.
Se trata de una empresa que en su momento solicitó permiso para realizar una actividad y que, durante el tiempo que dura el proceso de obtención de la autorización ambiental integrada, no recibió ningún informe contrario a la misma”. Y añade: “Es más, el anterior equipo de gobierno de l’Alcora, liderado por el PSOE, tuvo la oportunidad en su día de alegar al proyecto durante el periodo de exposición pública y no lo hizo, por lo que los trámites siguieron su curso normal”.
El director general insiste en que se trata de una decisión “puramente jurídica” y fundamentada en informes que “son correctos y hay que aceptarlos”.